El mundo ha sido testigo en los últimos años de un fenómeno socioeconómico que no es precisamente nuevo, que es la cada vez más notoria separación entre ricos y pobres, división que conduciría a la desaparición de la llamada “clase media” y a lo que algunos especialistas refieren como “tercemundización del planeta”, o “tercemundización europea” en críticas más localizadas.

Uno de los especialistas que comparte esta tesis es Bernard Conte, economicista francés que escribió su libro La Tier-Mondalization de la Planete (La tercermundialización del planeta) en torno a esta premisa. De acuerdo a él, es posible rastrear los orígenes de esta ya comprobada desintegración de la clase media desde finales de los ochentas, periodo en que la economía financiera empieza a ser más determinante en el ámbito global.

El origen de la desintegración

De acuerdo con Conte, uno de los primeros factores de esta desaparición de la clase media habría empezado en 1979, cuando la Reserva Federal empezase a incrementar las tasas de interés, esto con el fin de controlar la inflación que afectaba la economía estadounidense. Dicho incremento de las tasas de interés daría lugar a un incremento de la demanda de dinero y, simultáneamente, a un encarecimiento del dinero de los centros de capital y una mayor dificultad en la obtención de crédito.

Lo anterior fue uno de los principales temores de los mercados europeos, y también para los países de América del Sur, que verían cómo sería más difícil el pago de la deuda externa. Esto, junto con la caída de los precios de las materias primas y de la energía, generó una importante reducción en los ingresos por concepto de exportación.

Lo anterior dio lugar en los ochentas a la crisis de la deuda y lo que se conoce como la “década pérdida”, un periodo donde la economía sudamericana no pudo crecer.

En este escenario, durante la década de los noventas los países sudamericanos estuvieron más abiertos a recibir la asistencia financiera del FMI para salir más fácil de las deudas acumuladas. En palabras más sencillas, se endeudaron para pagar deudas como parte de una estrategia que contemplaba, entre otras cosas, una mayor apertura a la globalización económica y una mejor integración subregional.

Para acceder a su asistencia financiera, el FMI generalmente condiciona a los países solicitantes a aplicar una serie de medidas en el seno de su economía de manera que corrijan sus problemáticas internas. Estos ajustes generalmente consisten en medidas de austeridad, como un recorte del gasto público y una disminución del salario, así como un incremento de los impuestos para elevar los ingresos fiscales.

En conjunto, estas medidas pueden generar consecuencias sociales negativas, afectando principalmente a la clase media, que se ve empobrecida.

Un ejemplo reciente de lo anterior es Grecia, que debió acudir al FMI y a un grupo de países europeos en 2010 en el marco de un rescate financiero. Grecia, que tenía para ese entonces una importante crisis de deuda, aplicó dichas medidas como sugerencia del ente internacional, lo que dio lugar, junto a otros factores, a un empobrecimiento pronunciado que se extiende al sol de hoy. Según Conte, este es un ejemplo de la supuesta “tercermundización europea”.

Signos de la desaparición de la clase media

Esta supuesta desaparición de la clase media está caracterizada por una serie de rasgos que, en conjunto, resultan en su transformación en una clase social empobrecida, y su distanciamiento con respecto a las personas y grupos con mayor riqueza. Tres de los más importantes son:

Precariedad laboral

La precariedad laboral es una característica común de la clase media en los países avanzados, pero también en aquellos que están en vía de desarrollo.

Básicamente, consiste en el ejercicio de un empleo insuficiente para el trabajador en lo referente a ingresos, pero también en cuanto a sus derechos laborales, probabilidades de ascenso laboral y social y beneficios sociales.

La precariedad laboral dificulta o impide de plano que la persona reúna el dinero suficiente satisfacer sus necesidades básicas y/o las de su familia y contar con el capital suficiente para fines más recreativos o secundarios. Esto produce un estancamiento o un empobrecimiento en la economía del sujeto y/o de su grupo familiar, así como un sentimiento de desrealización personal.

Dificultad para conseguir empleos de calidad

La precariedad laboral va de la mano con una creciente dificultad por encontrar empleos de calidad.

Esto obedece a varias causas, siendo una de ellas el elevado número de puestos de trabajo de alta cualificación y que han venido sustituyendo los empleos más accesibles y que eran característicos de la clase media del pasado, más sólida y estable. Esto ocurre en la transición hacia las llamadas “sociedades del conocimiento”, donde el know-how se encuentra mejor cotizado que las habilidades prácticas.

En términos concretos, los empleos de alta cualificación son más accesibles para las personas con titulación universitaria, mientras que las personas que solo han concluido secundaria (o no lo han hecho) encuentran mayores dificultades al momento de aspirar a un empleo que ofrezca los beneficios necesarios para su estabilidad económica. El elevado costo que tiene la Educación Superior en algunos países es un factor que limita la accesibilidad a una formación avanzada.

Inseguridad laboral

La inseguridad laboral se manifiesta, por un lado, en la incertidumbre respecto a la continuidad de una persona en un empleo específico, pero también da cuenta de la posible falta de campo u oferta laboral para una profesión en cuestión, lo que puede dejar al profesional en una situación de desocupación o de precariedad laboral.

Un ejemplo de lo anterior lo componen los puestos de trabajo amenazados por la creciente automatización en los procesos de producción, que es realizado por las empresas a fin de incrementar la productividad a cambio de una menor inversión en salarios y otros gastos concernientes a los trabajadores.

Las personas que pierden sus empleos se ven forzadas a ejercer trabajos distintos a los de su formación de manera que sigan percibiendo ingresos, aunque quizás no en la misma cantidad que antes.

Aunque la clase media todavía no ha desaparecido como tal, sí se puede hablar de un debilitamiento y reducción pronunciados de la misma de unos años hasta el presente a raíz de estos factores y otros.

En general, ha ocurrido un incremento en los precios de los bienes que caracterizaban esta clase socioeconómica, que ya no tiene la misma capacidad de ahorro en tiempos anteriores debido a aquello y también por una menor cantidad de ingresos económicos.

Este debilitamiento de la clase media es una de las premisas del argumento en torno a la tercermundización global en la medida en que los países que conforman el comúnmente llamado “Tercer Mundo” tienden a presentar una desigualdad económica muy notoria entre ricos y pobres, lo que da lugar a un estado de polarización en el marco de sus sociedades.

Uno de los castigos más antiguos aplicados al hombre es la pena de muerte, por lo que los orígenes de ejecuciones hechas a personas que hayan cometido un delito considerado de gravedad es de larga data. Son muchas las fuentes documentales que registran los tipos de condenas en distintos contextos, relacionadas con ciertos aspectos, resaltando entre ellos los de connotación religiosa y/o cultural.

Hoy en día, en un mundo inmerso en el tema de la aplicación y protección de los derechos humanos, parece impensable que esta práctica sancionatoria continúe efectuándose. No obstante, la pena capital es ejercida en algunos países, a pesar de que existan leyes, convenios y tratados internacionales que prohíban o estiman la inadmisibilidad de la ejecución como castigo a un criminal.

Varias han sido las interrogantes y dudas referentes a este polémico tema, pero una de las más repetidas por toda la población es: ¿por qué no se ha logrado la prohibición total de la pena capital en todo el mundo? Tal parece que la búsqueda de una respuesta determinante se ha convertido en algo complejo.

Muchos son los factores que han impedido que la abolición de la pena de muerte se concrete: su práctica en Estados de Derecho democráticos, la estrecha relación con leyes religiosas, su aplicación como método disuasivo en la disminución de delitos y el asunto cultural son algunas de las razones que han frenado la supresión absoluta de esta condena.

En la actualidad, la aplicación de la pena capital sigue siendo una materia cuestionada, llegando a decirse que se somete a este castigo a personas que no merecen tal sanción; por lo cual se considera como la práctica más inhumana y cruel de todas las condenas. Han habido casos en los que los condenados a muerte son menores de edad o padecen alguna discapacidad, detalles que han sido repudiados por diversos organismos, como son los casos de la ONU o Amnistía Internacional, institución que ha hecho seguimiento de esta práctica y que realiza esfuerzos para su absoluta abolición.

Pena capital: ¿es la mejor solución para disminuir la violencia?

Se puede definir a la pena de muerte como el castigo o sanción aplicada a una determinada persona que haya cometido delito alguno (por lo general, hechos graves), previo sometimiento a jucio y declaración de la culpabilidad, tras lo cual se decide condenar a muerte; todo este proceso es amparado bajo la legislación del país donde se lleve a cabo esta práctica, por lo que tanto las autoridades judiciales involucradas como los ejecutores directos de la sentencia quedan exentos de toda culpa.

Palabras más, palabras menos, podría calificarse de homicidio secundado, porque es la práctica en la que una persona o grupo de personas matan a otra.

Una de las características más resaltantes de esta cruel condena es que, desde el mismo momento en el que el acusado es hallado culpable y condenada a muerte, comienza su agonía, sobre todo por no saber cuándo tendrá efecto esta medida, extendiendo el sufrimiento hasta los familiares del afectado.

Las prisiones de los países practicantes de estas ejecuciones cuentan con una sección especial llamada corredor de la muerte, donde permanecerán los reos hasta el momento que se cumpla la sentencia, lo cual, en términos generales, se traduce en una prolongada espera, originada por el largo proceso que implica la aplicación de este castigo.

A pesar de que la legislación de los países que usan este método de ejecución como castigo argumenta, a manera de validar esta práctica, que es una manera efectiva para disminuir la violencia, ¿en realidad cumple esa función? Muchos investigadores del tema coinciden en afirmar que, más que una práctica de justicia, resulta ser una venganza que viola todo derecho humano, y que nada ha ayudado a reducir los índices delictivos, por lo que la violencia no puede suprimirse con más violencia.

Otro punto a destacar es que los estudios han arrojado estadísticas en los que se ejecutan a personas inocentes o que permiten catalogar a la pena capital como una sanción discriminatoria, ya que la mayoría de los acusados resultaron ser de bajos recursos o de cierto estrato social y/o étnico – racial.

Países que aplican la pena de muerte y métodos de ejecución

Como se ha hecho referencia, aún se usa la condena a muerte en algunos países, que toman en cuenta diversos factores para aplicar este cruel castigo que, a la larga, tiene efectos irreversibles.

China encabeza la lista de países en los que más se han hecho ejecuciones; aunque no haya una cifra oficial, muchos hablan de miles de condenados a muerte cada año. Consideran a delincuentes que hayan cometido crímenes políticos, corrupción, asesinato agravado o tráfico de drogas a gran escala, aplicando como métodos de ejecución el fusilamiento y la inyección letal.

Japón engrosa la lista de condenados con pena capital en delitos de traición u homicidio, siendo la horca y el fusilamiento las técnicas de castigo más comunes.

La mayoría de las naciones del Medio Oriente efectúan esta condena, sobre todo por su relación con el islam, el cual repudia y considera como delitos la homosexualidad, brujería, blasfemia o apostasía. Por tanto, países como Arabia Saudí, Irán, Irak, Yemen, Somalia, Afganistán, Qatar, Egipto y Mauritania castigan estas prácticas por medio del ahorcamiento público, decapitación y fusilamiento. Mención especial es la condena aplicada a las mujeres acusadas de adulterio en los mencionados lugares, donde se ejecuta la lapidación.

En el continente americano, a pesar de que la mayoría de sus países han suprimido de su aparato legal la pena capital, aún se encuentra presente este castigo en algunas naciones. En el caso de Estados Unidos, la pena de muerte se aplica por medio de la justicia federal para castigar crímenes asociados a terrorismo, traición, espionaje y asesinatos de sangre, utilizando la inyección letal o la silla eléctrica como métodos de ejecución.

Otros lugares donde se condena a muerte a ciertos delincuentes son Belice, Guatemala, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana, entre otros.

Este controvertido tema sigue dando de qué hablar a la población mundial, contando con detractores y partidarios. Lo cierto es que, con todos los esfuerzos hechos para hacer menos penosa la sentencia del condenado a muerte, no deja de ser una práctica que atenta contra la vida.

Una de las exhibiciones públicas más conocidas en todo el mundo son las manifestaciones, que son un grupo de personas con un interés en común, ya sea político, económico o social, y que por medio de este tipo de concentración, expresan su aprobación o rechazo ante las decisiones tomadas en torno a dichos intereses o hacia una persona o personas influyentes en los mismos.

Aunque originalmente dichas reuniones tienen un carácter pacífico, pueden tornarse violentas en el transcurso de las protestas, lo que hace necesario disuadir a los manifestantes para garantizar el orden público. Es por ello que se ha hecho necesario la conformación de las fuerzas del orden, generalmente cuerpos especiales de la policía, quienes a través de técnicas y tácticas antidisturbios, se encargan de dispersar toda manifestación violenta para preservar la seguridad ciudadana.

A pesar de que el derecho a manifestar en las calles está reconocido dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1976, algunos países han tomado la drástica decisión de restringir e, inclusive, prohibir las protestas. Un ejemplo de ello ocurre en Grecia, cuyas calles de su capital, Atenas, han sido testigo en los últimos años de que en repetidas oportunidades se enfrenten manifestantes con policías, ocasionando fuertes agresiones tanto de las fuerzas del orden como de los protestantes.

En el caso de España, la Constitución acepta el derecho de reunión y manifestación, siempre y cuando se haga pacíficamente y sin perturbar la seguridad y el orden público. Si dicha protesta da un giro violento, la responsabilidad de restablecer el orden interno recae en cuerpos especializados en técnicas antidisturbios, dependiendo de la región donde se generen los hechos. Las Unidades de Prevención y Reacción, Unidades de Intervención Policial, Área de Brigada Móvil y la Brigada Central de Intervención son algunas de las fuerzas de seguridad que existen en el país.

¿Cómo actuar a fin de llevar a cabo una manifestación pública?

Como se ha hecho mención, el derecho a manifestarse libremente es reconocido en la Constitución española, pero para celebrar este tipo de expresiones, los organizadores de la protesta o marcha primero deben notificar de la misma a la autoridad gubernativa correspondiente, esto con el objeto tanto de garantizar la seguridad de los participantes como la de la ciudadanía en general. Por tratarse de un ejercicio libre, quienes traten de impedirlo o perturbarlo pueden ser sancionados con multas o hasta con prisión.

Hay casos en los que la autoridad gubernativa considera, con fundamentación válida, que la manifestación a efectuarse podría tener graves consecuencias para la ciudadanía y los bienes de la localidad donde pretende celebrarse, por lo que la opción más factible para evitar algún peligro será prohibir o posponer la protesta.

Si, a pesar de esta restricción, los promotores llevan a cabo la celebración de la manifestación, haciendo caso omiso a las advertencias, corren el riesgo de ser sancionados por la autoridad correspondiente.

Ahora bien, de aprobarse la manifestación, la misma debe seguir las instrucciones ya expuestas, con la finalidad de que tenga carácter legítimo. Para garantizar la seguridad tanto de los presentes en la protesta como del mantenimiento del orden público, serán destinadas fuerzas de seguridad para hacer cumplir este paso, vigilando en todo momento su desarrollo.

Técnicas y tácticas antidisturbios: ¿Cuándo se aplican?

Este punto resulta muy importante saberlo. El mantenimiento del orden público resulta ser una de las tareas con mayor complejidad para los cuerpos policiales especializados en la materia, por el hecho de que deben preservar el equilibrio entre avalar el derecho al libre ejercicio de la manifestación pública y la de brindar seguridad tanto de los protestantes como de los ciudadanos en general.

Por tanto, el entrenamiento de estas unidades especiales es fundamental, ya que permiten a los agentes saber actuar en casos donde la manifestación cobra carácter violento.

Para saber manejar estos casos, existen técnicas y tácticas antidisturbios que deben aplicarse progresivamente, dependiendo de la magnitud de la rudeza en la protesta. Una de las más destacadas es el equipamiento que cuentan estas brigadas de seguridad, diseñados especialmente para la disuasión de las manifestaciones violentas.

La prevención del disturbio es el momento en donde se advierte a los manifestantes sobre la presencia policial en la zona, vigilando de cerca los hechos, ya sea a pie, por vía aérea, a través de videos o monitoreando las redes sociales y comunicaciones móviles.

En esta etapa se limita el movimiento del tránsito tanto peatonal como automotor para evitar un acercamiento al lugar donde se efectúa la manifestación, esto con el fin de garantizar la seguridad e integridad de la ciudadanía ante una hipotética escalada de la situación.

En este momento puede intentarse la negociación entre agentes policiales y protestantes, con el fin de lograr una conciliación y eludir los disturbios. Si no hacen efecto las técnicas antes mencionadas y se generan los disturbios, las fuerzas del orden entran en acción, entrando directamente en la fase de dispersión.

En esta etapa, es común la formación de los agentes policiales, siendo los de la primera línea los equipados con protección corporal y escudos, en contacto directo con los protestantes; y una segunda línea de apoyo como refuerzo. Asimismo, se usan armamentos de carácter disuasivo, tales como balas de goma o gases lacrimógenos.

El uso progresivo de la fuerza va a ser un factor determinante para lograr con éxito disolver los disturbios, tanto por las unidades de a pie como por las motorizadas.

Una vez asegurada el área, se ejecuta la fase de evaluación, en donde se inspecciona los daños materiales y los perpetrados hacia las personas.

Aunque estas técnicas son las más comunes para dispersar manifestaciones, algunas de estas protestas han conllevado a fuertes agresiones por parte de los policías hacia los participantes y viceversa, hecho denunciado en varias oportunidades. Por ello es que resulta de vital importancia conocer los pasos para celebrar una manifestación pública en paz y sin ningún daño.