Los magistrales aciertos y catastróficos errores del FMI

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Los ajustes estructurales del Fondo Monetario Internacional ha atraído opiniones positivas y negativas alrededor del mundo. Mientras que hay expertos que argumentan que dichas medidas permiten arreglar los desajustes que conducen a los países a crisis internas, otros argumentan que traen consigo un profundo impacto social que puede derivar en inestabilidad política.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los organismos económicos más importantes del mundo junto al Banco Mundial. A grandes rasgos, el ente se encarga de garantizar la estabilidad de sistema monetario internacional, lo que realiza a través de supervisar y otorgar asesoramiento en materia económica y financiera a sus países miembros. Como su nombre sugiere, también sirve como un fondo monetario al que los países pueden acudir para solicitar préstamos sujetos a ciertas tasas de interés con el fin de adquirir financiación.

A lo largo de su historia, el FMI ha emprendido acciones que han resultado ser útiles al momento de estabilizar y estimular economías nacionales, pero que han tenido repercusiones negativas en el plano económico, así como en el seno de la sociedad, motivando situaciones de inestabilidad y empobrecimiento como consecuencia de las medidas de ajuste estructural que el organismo coloca como condición para brindar asistencia financiera.

Caso Grecia: Las medidas de austeridad y sus consecuencias sociales

Uno de las intervenciones más representativas y recientes que ha tenido el FMI en Europa en los últimos años fue en el rescate financiero en la economía griega, que demostraba signos que alertaban una futura crisis de deuda soberana que terminó por consolidarse en 2010, cuando el país, liderado por Alexis Tsipras, solicitó el primero de tres programas sucesivos de rescate financiero.

Al primer programa de rescate financiero contribuyeron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, y diversos países de la Eurozona. En este programa, se acordó realizar un préstamo de emergencia a Grecia por el total de 110 millones de euros, esto a condición de que el gobierno griego implementase medidas de austeridad, reformas económicas estructurales, privatización de sus activos, y un incremento de sus impuestos.

La implementación de estas medidas buscaba la estabilización del sistema económico griego mediante un incremento de los ingresos fiscales hacia el Estado. Esto, junto con el recorte en el gasto público, le permitiría a Grecia tener el dinero suficiente para solventar la deuda y tener acceso a financiamiento internacional en mejores condiciones. Sin embargo, esto tendría enormes consecuencias sociales para el país, lo que motivó un clima de desestabilización civil en la región.

Este primer programa económico no contribuyó a la resolución de la crisis griega de la deuda. Incluso, la economía de Grecia empeoró para 2011, lo que motivó a la implementación de un segundo programa de rescate financiero que, además de proveer otros 109 millones de euros al país helénico, incluía una disminución de las tasas de interés al 3,5%, dos puntos menos en comparación a las tasas del primer programa de rescate.

A pesar de que el último programa de rescate financiero expiró en agosto de 2018, Grecia todavía siente la crisis de la deuda y de las medidas de austeridad. En términos generales, la sociedad griega se ha empobrecido enormemente respecto al momento previo a la crisis y que se puede observar a través del aumento de desempleo y la pobreza, la pérdida de ingresos en los hogares griegos, el incremento de personas sin hogar y en la reducción de la actividad económica general en el país, todo lo anterior como consecuencia de, entre otras cosas, de la reforma del programa de pensiones, el recorte del gasto público, y una administración más estricta de los ingresos fiscales.

El FMI en América Latina y sus distintos efectos

La presencia del FMI en Latinoamérica ha contado con distintos grados de éxito o fracaso desde mediados del siglo pasado, pero su etapa de mayor influencia empieza a partir de la década de los noventas, cuando América Latina empieza a adoptar un modelo de liberalización económica acorde a los principios del neoliberalismo y los del FMI, esto a manera de salir del atolladero en que se encontraba la región después de lo que la CEPAL llamó “la década perdida”, un periodo marcado por el déficit, la inflación y la crisis de la deuda.

Puede que la actuación más exitosa del organismo en América Latina sea en Brasil. En 2002, el ente llegó a un acuerdo con el país sudamericano, presidido entonces por Fernando Henrique Cardoso. Dicho acuerdo contemplaba medidas de estabilidad económica que incluían la reducción del gasto público a cambio de un préstamo de 30.000 millones de dólares. Lula da Silva, presidente de 2003 a 2010 y que fue crítico con el Fondo, pondría fin al programa de asistencia financiera de éste, pero seguiría implementando medidas de estabilidad económica algo similares a las acordadas inicialmente con el FMI. Este enfoque continuista le dio a su gobierno cierta credibilidad política, así como un piso económico importante al país.

Un caso mucho menos positivo es el de Venezuela a finales de los ochentas, cuando el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez llevó a cabo una serie de políticas de austeridad conocidas colectivamente como El Paquetazo, y que eran acordes a los lineamientos del FMI. Estas medidas, que incentivaban una liberalización de la economía, generaron un importante descontento popular cuya mayor expresión fue el Caracazo, un conjunto de protestas civiles que resultaron en cientos de muertos y que condenaron el gobierno de Pérez.

En un caso más reciente, la inestabilidad social surgida en Ecuador en el año 2019 se debió a que el gobierno del entonces presidente Lenin Moreno acordó un préstamo con el FMI para salir de la crisis económica que aquejaba el país. En este acuerdo se contemplaba la eliminación del subsidio a los combustibles, lo que impulsó protestas desde la sociedad civil y particularmente por parte del movimiento indígena de la nación. La repercusión de estas protestas fue tal que el gobierno debió mover temporalmente la sede del Poder Ejecutivo de Quito, que es la capital del país, a Guayaquil.

A grandes rasgos, las críticas contra el FMI se concentran en el costo social de sus medidas de ajuste estructural, que el organismo considera necesarias para enmendar los desajustes internos de la economía que solicita la asistencia financiera. Dichos costes sociales pueden o no derivar en un clima de inestabilidad sociopolítica en presencia de otros elementos, lo que puede generar suspicacia y expectativa por los efectos de la actuación del FMI en un país determinado.

Sin embargo, el recorte del gasto público y una mejor administración de los ingresos fiscales, que son dos medidas relativamente comunes promulgadas por el FMI, sí podrían tener efectos positivos en aquello sistemas económicos donde el gasto público no corresponde con los fondos que posee el Estado, o donde el sistema de captación de impuestos no permite una recolección efectiva de los mismos.

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