En un giro significativo en el panorama energético europeo, la Eurocámara ha votado a favor de recomendar el retiro de la Unión Europea del Tratado de la Carta de la Energía.
Este tratado, establecido en 1994 para regular el comercio y la inversión en el sector energético, ha sido objeto de debate y controversia en los últimos años debido a su aparente incompatibilidad con los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la UE.
La decisión de recomendar la retirada del tratado se basó en una votación que obtuvo 58 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones en una reunión conjunta de las comisiones de Industria, Investigación, Energía y Comercio Internacional del Parlamento Europeo.
La propuesta tuvo un total de 58 votos a favor.
Esta recomendación será sometida a votación en el pleno del Parlamento del 22 al 25 de abril, donde se espera que sea ratificada, marcando un hito en la política energética del bloque.
La propuesta de retirada coordinada se alinea con la postura de la Comisión Europea, que en julio de 2023 propuso la salida de la UE del Tratado de la Carta de la Energía.
La falta de consenso entre los Estados miembros para aprobar una versión modernizada del tratado, junto con las preocupaciones sobre las inversiones en combustibles fósiles y su impacto en el cambio climático, han sido factores determinantes en esta decisión.
España lidera el movimiento de retirada, junto con otros países europeos, debido a la percepción de que el tratado otorga un poder excesivo a los inversores privados en el sector energético.
Desde febrero de 2021, ha abogado por una salida coordinada debido a la percepción de que el tratado otorga un poder desproporcionado a los inversores privados en el sector energético, lo que podría socavar la soberanía y la capacidad regulatoria de los Estados miembros.
Además de España, otros países como Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo también han anunciado su intención de retirarse del tratado.
Italia ya había abandonado el acuerdo en 2016. Esta decisión se basa en la creencia de que la retirada del tratado dará más control a los Estados miembros sobre su propia política energética y reducirá la influencia de los inversores privados en este ámbito.
Aunque la retirada del tratado representa un paso significativo, los Estados miembros de la UE seguirán sujetos a las condiciones de arbitraje del acuerdo internacional durante los próximos 20 años, a pesar de haber decidido romper con él.
Esta realidad plantea desafíos adicionales en la transición hacia un sistema energético más sostenible y compatible con los objetivos climáticos del bloque.
