El ranking global ‘Open Budget Survey 2023’ ha situado a España en la posición 49 de 125 países evaluados, dos puestos por debajo de la edición anterior, con una puntuación de 54 sobre 100 en transparencia presupuestaria.
El informe, elaborado por la International Budget Partnership (IBP) con la colaboración de expertos independientes como la fundación Civio en España, analiza la calidad de la información presupuestaria proporcionada por los gobiernos.
En el apartado de transparencia presupuestaria, España ha obtenido una calificación de 54 sobre 100, lo que se considera una nota "mediocre" según los estándares del informe.
Esta puntuación refleja la necesidad de mejorar el nivel de detalle, alcance y consistencia de los informes de ejecución presupuestaria, según las recomendaciones del estudio.
Uno de los aspectos más críticos señalados es la falta de claridad del Gobierno español a la hora de comunicar sus prioridades políticas y planes de gasto al inicio de cada ejercicio, antes de emprender la elaboración de los presupuestos.
Esta área, que obtuvo una puntuación de 89 sobre 100 en 2022, se ha desplomado a 33 sobre 100 en la edición actual.
La encuesta también ha puesto de manifiesto la baja participación ciudadana en los procesos presupuestarios.
España ha obtenido una «puntuación extremadamente baja» de 2 sobre 100 en este apartado, la misma que en la edición anterior y muy por detrás de países como Reino Unido (54) y Francia (37).
Esta cifra refleja la inexistencia de mecanismos para involucrar a la sociedad civil y a la ciudadanía, especialmente a los colectivos vulnerables, en la formulación y control del presupuesto.
En cuanto a la vigilancia presupuestaria, España ha obtenido una puntuación de 65 sobre 100, similar a la edición anterior (61 sobre 100).
Según el informe, la supervisión es adecuada durante la planificación del ciclo presupuestario, pero débil durante la ejecución.
El control realizado por el Tribunal de Cuentas ha recibido una mejor valoración (83 sobre 100) en comparación con el de las Cortes Generales (56 sobre 100).
Tras conocer estos resultados, la fundación Civio ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informándole de las conclusiones del análisis e insistiendo en la necesidad de mejorar la calidad y el detalle de los datos de ejecución del gasto público.
El Open Budget Survey es una encuesta realizada cada dos años por la International Budget Partnership (IBP), una organización no gubernamental que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en los presupuestos públicos.
El estudio evalúa la información presupuestaria que los gobiernos ponen a disposición del público en diferentes etapas del ciclo presupuestario.
La edición de 2023 ha contado con la participación de 125 países, lo que representa una cobertura global del 94% de la población mundial.
Además de analizar la transparencia presupuestaria, el informe también examina la participación ciudadana en los procesos presupuestarios.
Así como también la supervisión por parte de las instituciones encargadas de la vigilancia presupuestaria.
Según los expertos, la transparencia presupuestaria es fundamental para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos y promover la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales.
Al proporcionar información detallada y accesible sobre los ingresos, gastos y deuda pública, los gobiernos permiten un mayor escrutinio y control por parte de la sociedad civil y los organismos de control.
Sin embargo, el informe también destaca la importancia de la participación ciudadana en los procesos presupuestarios.
Al involucrar a la sociedad civil y a los colectivos vulnerables en la formulación y control de los presupuestos, se puede garantizar que las necesidades y prioridades de la población sean tomadas en cuenta de manera adecuada.
En este sentido, organizaciones como la International Budget Partnership y Civio desempeñan un papel crucial al promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, así como al fomentar la participación ciudadana en los procesos presupuestarios.
