En un movimiento sin precedentes, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado una serie de propuestas al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral de los docentes con discapacidad en los procesos de concurso de traslados.
La organización ha manifestado su preocupación por la «omisión completa» de las consideraciones hacia las personas con discapacidad en el proyecto de Real Decreto que regula los concursos de traslados de ámbito estatal para el personal funcionario de los cuerpos docentes.
Ante esta situación, el CERMI ha presentado un informe detallado con alegaciones y propuestas específicas para abordar esta carencia.
En primer lugar, la organización ha solicitado la incorporación de una nueva disposición adicional al texto del proyecto de Real Decreto, la cual establecería reglas específicas para el personal funcionario con discapacidad.
Las medidas de acción positiva propuestas incluyen una reserva del 10% de las plazas para docentes con discapacidad, la posibilidad de alterar el orden de preferencia en caso de discapacidad y la garantía de accesibilidad universal en los procedimientos.
Según el CERMI, estas medidas son esenciales para no mermar la igualdad del personal funcionario con discapacidad y asegurar su plena participación en los concursos de traslados.
La organización ha subrayado la importancia de que el Ministerio de Educación atienda estas demandas y las incorpore al Real Decreto que finalmente se apruebe por el Consejo de Ministros.
El informe presentado por el CERMI se basa en la premisa de que la igualdad de trato y la inclusión laboral son derechos fundamentales que deben ser respetados y promovidos en todos los ámbitos, incluyendo el sistema educativo.
Al incorporar estas medidas, el Ministerio de Educación enviaría un mensaje contundente sobre su compromiso con la diversidad y la equidad en el sector docente.
En declaraciones a la prensa, representantes del CERMI han destacado la importancia de estas propuestas para garantizar que los docentes con discapacidad tengan las mismas oportunidades que sus colegas sin discapacidad.
«No se trata de privilegios, sino de medidas necesarias para compensar las barreras y desventajas históricas que han enfrentado las personas con discapacidad en el ámbito laboral», han enfatizado.
Además, el CERMI ha señalado que la implementación de estas medidas no solo beneficiaría a los docentes con discapacidad, sino también al sistema educativo en su conjunto.
También argumentaron que una mayor diversidad en el cuerpo docente enriquece el ambiente escolar y fomenta la comprensión y el respeto hacia la discapacidad desde una edad temprana.
Asimismo, la organización ha recordado que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es un imperativo legal establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por España en 2008.
Por lo tanto, la adopción de estas medidas no solo sería un acto de justicia social, sino también el cumplimiento de una obligación legal vinculante.
En este sentido, el CERMI ha instado al Ministerio de Educación a aprovechar esta oportunidad para demostrar su liderazgo en materia de inclusión y diversidad, estableciendo un precedente positivo para otros sectores laborales.
Los representantes del CERMI concluyeron expresando que esperaban que el Gobierno respondiera sus demandas y que envíe un mensaje claro de que la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad es una prioridad nacional.
