La construcción de infraestructuras en España se enfrenta a un panorama desalentador, según ha advertido la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN). El sector se encuentra inmerso en una compleja situación que amenaza su viabilidad y dificulta la ejecución de proyectos cruciales para el país.
El 20,5% de las licitaciones de contratos concesionales en España se quedan desiertos.
En primer lugar, un informe elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha revelado datos preocupantes. Las concesiones, un modelo clave para la financiación y gestión de infraestructuras, representan apenas el 3,4% de la contratación en España. Además, el 20,5% de las licitaciones de contratos concesionales se quedan desiertos, sin que ninguna empresa acuda al concurso.
Esta situación se produce en un contexto de baja concurrencia, con una media de tan solo 1,9 licitadores por contrato, y un 2,2% de contratos que nunca llegan a realizarse debido al desistimiento o renuncia de los adjudicatarios.
Los precios de los materiales de construcción y la energía han aumentado considerablemente desde 2020.
La escalada de precios en los materiales de construcción y la energía ha sido uno de los principales factores que han agravado la crisis del sector. Según las cifras aportadas por Seopan, en comparación con 2020, a finales de 2023, el cemento, el cobre y el acero corrugado experimentaron aumentos del 43%, 41% y 37%, respectivamente, mientras que el gas y la electricidad se encarecieron un 207% y un 134%.
«Esta inflación sigue condicionando la ejecución de obra pública y limitando su concurrencia», ha lamentado Julián Núñez, presidente de Seopan.
«Es preciso restablecer en los pliegos la obligatoriedad del procedimiento de revisión de precios, suprimida en 2015 por la Ley de Desindexación, así como eliminar el límite revisable del 20% del precio del contrato, que en 2023/2024 ha implicado 471 millones de euros de costes soportados no revisables por el sector en obras del Estado».
En cuanto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Seopan ha alertado sobre la necesidad de prorrogar en al menos dos años el hito de ejecución del Fondo de Resiliencia Autonómico, dotado con 20.000 millones de euros. Esta medida permitiría la financiación de infraestructuras sostenibles de transporte público y de agua de titularidad de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Además, Núñez ha revelado que ya han remitido a las instituciones una propuesta para aplicar un modelo colaborativo en los contratos piloto. Este enfoque, según afirman, favorecerá el reparto de riesgos y responsabilidades, la compartición de ahorros y costes entre el sector público y privado, el cumplimiento de plazos y presupuestos, impulsará la innovación, la transparencia y la cooperación entre las partes, y reducirá la litigiosidad.
De cara a 2024, Seopan prevé «una drástica reducción» de las licitaciones de obra pública, tras la finalización del programa de licitaciones de los fondos europeos, que ha representado el 13,4% de la licitación de obra civil entre 2021 y 2023.
La situación se agrava al analizar los niveles de inversión pública en infraestructuras. Según los datos certificados por Eurostat en 2022, la inversión en infraestructuras de transporte, depuración y abastecimiento de agua se encuentra en niveles insuficientes, con registros un 46%, 57% y 57% inferiores, respectivamente, a los de 2010.
Ante este escenario, Seopan estima que las necesidades de inversión pública para la creación y modernización de infraestructuras en España son, como mínimo, de 240.000 millones de euros hasta 2030. Estas inversiones se destinarían a áreas básicas relacionadas con la movilidad de viajeros y mercancías (112.000 millones), el agua y el medio ambiente (64.000 millones), y la infraestructura energética asociada a redes, obra civil y eficiencia energética (54.000 millones).
Sin embargo, las proyecciones de la Comisión Europea para 2024 y 2025 sitúan a España en la última posición del ranking inversor de la Unión Europea, ampliando así la brecha entre el país y sus principales competidores europeos. Alemania, Francia e Italia van a invertir un 65,4%, 62,5% y 42,7%, respectivamente, más que España en este periodo.
