Nueve gobiernos reunidos durante la cumbre de la OTAN en Ankara anunciaron el 7 de julio de 2026 su intención compartida de establecer el Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, conocido por sus siglas inglesas DSRB. La declaración fue firmada por los líderes de Canadá, Albania, Bélgica, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Rumanía, Turquía y Ucrania. No creó todavía una entidad operativa, pero dio respaldo político a una institución financiera multilateral concebida específicamente para ampliar la producción y la inversión en defensa.
Canadá lidera la iniciativa y fue elegido durante negociaciones celebradas en Montreal como futuro país sede. Los participantes acordaron allí los artículos fundacionales que servirán de base para la institución. El siguiente paso exige que cada gobierno complete sus procedimientos internos y negocie los detalles de capital, gobernanza, admisión de miembros, riesgos y supervisión. La aspiración declarada es que el banco pueda comenzar a operar en 2027, una fecha ambiciosa para un organismo que todavía debe pasar del compromiso político al tratado y a la estructura financiera.
El proyecto parte de un problema que se hizo visible tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania: aumentar los presupuestos no garantiza que la industria pueda entregar munición, componentes, vehículos, sistemas electrónicos o capacidades espaciales al ritmo requerido. Muchas empresas pequeñas tienen pedidos potenciales, pero encuentran dificultades para financiar nuevas fábricas, comprar maquinaria o sostener contratos que tardan años en producir ingresos. Los gobiernos, por su parte, afrontan costes de endeudamiento distintos y ciclos presupuestarios demasiado cortos para programas militares de varias décadas.
La declaración no funda todavía el banco: compromete a nueve gobiernos a negociar una institución que podría empezar a operar en 2027.
El DSRB pretende usar una base crediticia común para ofrecer préstamos de largo plazo y garantías que reduzcan el coste del capital. Según el Gobierno canadiense, podría prestar a países miembros para inversiones prioritarias y respaldar a bancos comerciales que financien empresas de las cadenas de suministro. La idea se parece, en su arquitectura general, a la de otros bancos multilaterales de desarrollo, aunque el mandato se concentraría en defensa, seguridad, tecnologías de doble uso y resiliencia.
Sus promotores insisten en que no sustituirá los presupuestos nacionales ni los programas existentes de la Unión Europea o la OTAN. El comunicado oficial afirma que debe complementar, no duplicar, otras herramientas. Esa distinción será difícil de mantener en la práctica. Europa ya desarrolla fondos, préstamos y mecanismos conjuntos para aumentar la producción militar, mientras Reino Unido, Países Bajos, Finlandia y Polonia trabajan en un mecanismo multilateral distinto orientado a compras y reservas de equipos. Londres ha planteado que las iniciativas podrían coordinarse o incluso converger.
La adhesión anunciada tampoco equivale aún a una participación jurídicamente cerrada. Dos días después de la cumbre, fuentes turcas indicaron que Ankara seguía evaluando si se incorporaría finalmente, pese a aparecer en la declaración de intención. El matiz importa: el documento expresa voluntad política y obliga a avanzar en las negociaciones, pero no reemplaza la ratificación nacional ni resuelve cuánto capital aportará cada miembro.
El experimento consiste en transformar la solvencia conjunta de varios Estados en préstamos más baratos para fábricas, proveedores y proyectos de seguridad.
La composición inicial combina países con capacidades muy diferentes. Canadá aporta liderazgo político y la futura sede; Luxemburgo, experiencia como centro financiero; Bélgica, Grecia, Letonia y Rumanía, posiciones distintas dentro de la OTAN y la Unión Europea; Albania y Turquía amplían la dimensión regional; Ucrania introduce la experiencia de una economía que produce y adapta tecnología bajo ataque. Esa diversidad puede enriquecer el diseño, pero también complicar qué proyectos son elegibles y cómo se reparten los beneficios industriales.
El banco tendría que resolver cuestiones incómodas antes de prestar un solo euro o dólar. Una es qué se entiende por “resiliencia”: puede abarcar ciberseguridad, satélites, infraestructura crítica, materias primas, inteligencia artificial o producción puramente militar. Otra es cómo impedir que el crédito público socialice pérdidas de proyectos mal gestionados. También deberá establecer controles de exportación, normas anticorrupción, criterios de derechos humanos y mecanismos para evitar que las garantías terminen favoreciendo a unas pocas grandes contratistas.
El debate financiero no es neutral. Sus defensores sostienen que un banco especializado permitiría producir más sin obligar a cada país a pagar los costes más altos de su mercado nacional. Los críticos pueden señalar que crear una nueva institución añade deuda, opacidad potencial y presión para convertir el gasto militar en una categoría privilegiada frente a vivienda, salud o transición climática. El resultado dependerá menos del nombre que de la letra del tratado, la independencia de sus órganos y la publicación de cada operación.
A fecha de 12 de julio de 2026, el DSRB debe describirse como una institución propuesta, no como un banco ya constituido ni capitalizado. Su importancia histórica reside precisamente en el cambio de enfoque: por primera vez un grupo de aliados intenta dotar a la defensa de una herramienta financiera multilateral permanente, pensada para unir presupuestos públicos y capital privado. Si llega a funcionar, podría alterar cómo las alianzas convierten compromisos políticos en capacidad industrial.
