Investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), un organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, han lanzado una advertencia preocupante sobre el estado crítico de los acuíferos en el país. S
Según los últimos planes hidrológicos, el 44% de las masas de agua subterránea en España se encuentran en una situación alarmante, un dato que ha sido revelado con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el pasado 5 de junio.
El IGME, con un equipo de alrededor de 50 expertos en hidrogeología, ha realizado un seguimiento exhaustivo del estado de estas aguas subterráneas desde la década de 1960.
La institución colabora estrechamente con la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como con los órganos de gobierno de las confederaciones hidrográficas, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre la situación actual y tomar decisiones acertadas para una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos.
David Pulido, director del Departamento de Aguas y Cambio Global del IGME, subraya la importancia estratégica de las aguas subterráneas en la gestión de sequías, debido a su mayor inercia en comparación con las aguas superficiales.
No obstante, la sobreexplotación de estos recursos es una realidad preocupante en áreas como Doñana o el Alto Guadiana, afectando gravemente a humedales y espacios naturales.
Pulido revela que hay acuíferos en España que han registrado descensos de hasta 10 metros al año, y que pueden tardar un siglo en recuperar su nivel, algo a lo que también contribuye el cambio climático.
Según una investigación realizada por el IGME, si las emisiones de CO2 continúan aumentando al ritmo actual, para el año 2045, la recarga o entrada de agua a los acuíferos disminuirá, en promedio, un 11%, llegando incluso a superar el 20% en más del 10% del territorio peninsular.
Esta situación es especialmente alarmante en las zonas costeras, donde se han constatado entradas de aguas salinas en los sistemas acuíferos debido a la disminución de sus niveles, un problema de difícil solución.
Miguel Mejías, jefe del Área de Hidrogeología Aplicada del IGME, enfatiza la importancia crucial del mantenimiento de las aguas subterráneas para el suministro a la población y el desarrollo económico.
Gracias a las redes de control distribuidas en todas las demarcaciones hidrográficas, es posible conocer el estado, tanto en cantidad como en calidad, de cada acuífero.
Mejías destaca los avances significativos en este conocimiento, impulsados por nuevas tecnologías como la instrumentación de piezómetros capaces de transmitir datos en tiempo real y las posibilidades ofrecidas por la inteligencia artificial.
Además, Mejías resalta la importancia del Plan de Acción de Aguas Subterráneas, aprobado en 2023 por el Gobierno de España, en cuya puesta en marcha el IGME también asesoró, así como la revisión de los planes hidrológicos de cada demarcación hidrográfica.
Estas iniciativas representan pasos significativos hacia una gestión más efectiva de los recursos hídricos subterráneos en el país.
La creciente demanda de agua debido al aumento de la población, la expansión de la agricultura y las actividades industriales, sumado a los efectos del cambio climático, han ejercido una presión sin precedentes sobre los acuíferos españoles.
Los expertos advierten que, si no se toman medidas urgentes y contundentes para controlar la explotación excesiva y promover la recarga de estos recursos hídricos subterráneos, las consecuencias podrían ser catastróficas para el abastecimiento de agua potable, la producción de alimentos y la preservación de los ecosistemas dependientes de estos acuíferos.
En respuesta a esta crisis, el gobierno español y las autoridades regionales han anunciado la implementación de planes de acción a largo plazo para fomentar el uso sostenible de los recursos hídricos subterráneos.
Estas medidas incluyen la modernización de los sistemas de riego, la promoción de prácticas agrícolas más eficientes en el uso del agua, la protección de las áreas de recarga de acuíferos y la imposición de sanciones más severas para quienes incumplan las regulaciones sobre la extracción de agua subterránea.
