Las acciones de Morgan Stanley (MS) experimentaron una notable caída en el mercado bursátil luego de que se hiciera público que un grupo de reguladores estadounidenses estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las prácticas de la entidad en relación con la prevención del lavado de dinero entre sus clientes adinerados.
Este revés en el valor de las acciones marca el mayor declive de la cotización de la empresa en los últimos cinco meses, sumergiéndose hasta los US$86.84 (81,48 euros), durante la jornada bursátil en Nueva York.
Los reportes señalan que la Securities and Exchange Commission (SEC), la Office of the Comptroller of the Currency (OCC), y otras agencias gubernamentales del Departamento del Tesoro, están evaluando si el gigante bancario, ha implementado de manera efectiva medidas para identificar a sus clientes que representan un riesgo en términos de lavado de dinero.
La investigación se centra específicamente en la unidad de gestión patrimonial de Morgan Stanley, que representa una parte significativa de los ingresos de la compañía, aproximadamente la mitad del total en el último año.
Esta unidad, que se ha convertido en el segmento de negocios más grande de la empresa, se encuentra ahora en el centro de la atención regulatoria debido a las preocupaciones sobre posibles deficiencias en los procedimientos de control de lavado de dinero.
El escrutinio se produce en un momento en que las autoridades gubernamentales en Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas, con un enfoque particular en las instituciones financieras más grandes y prominentes del país.
Según los reportes, la SEC y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) han solicitado información específica a Morgan Stanley sobre ciertos clientes extranjeros que han generado sospechas en el contexto del lavado de dinero.
Además, las agencias reguladoras están evaluando las políticas y procedimientos del banco para abordar las situaciones de alto riesgo.
Entre las interrogantes planteadas se encuentra el motivo por el cual Morgan Stanley realizó transacciones con ciertos clientes que habían sido excluidos de E*Trade, una plataforma de comercio digital adquirida por la entidad financiera.
A pesar de la intensidad de la investigación y la magnitud de la caída en el valor de sus acciones, Morgan Stanley ha optado por mantener un perfil bajo en relación con este asunto y ha declinado hacer comentarios al respecto.
Sin embargo, se sabe que la empresa informó previamente a los reguladores que está tomando medidas para fortalecer sus controles y procedimientos internos.
El año pasado, Morgan Stanley mantuvo reuniones con funcionarios de la Reserva Federal para abordar preocupaciones similares, en un esfuerzo por disipar las inquietudes regulatorias.
El escrutinio regulatorio sobre Morgan Stanley no es algo nuevo. En 2023, la OCC emitió una advertencia formal a la empresa, conocida como un «asunto que requiere atención», exigiendo a los ejecutivos que abordaran las preocupaciones del regulador sobre el lavado de dinero.
Esto siguió a un examen anual de los programas contra el lavado de dinero del banco, durante el cual se identificaron áreas de mejora.
El banco presentó planes de acción detallados al regulador como parte de su compromiso de abordar las preocupaciones planteadas.
A medida que las autoridades reguladoras intensifican sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero, las instituciones financieras se enfrentan a una mayor escrutinio y presión para fortalecer sus prácticas y controles internos.
Los reguladores han emitido Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRAs) con mayor frecuencia en los últimos años, como medio para abordar áreas de preocupación y mejorar la conformidad regulatoria en la industria financiera.
Estos acuerdos suelen desencadenar un proceso de respuesta por parte de la empresa, que incluye un cronograma para la implementación de medidas correctivas.
En casos más graves, las investigaciones regulatorias podrían resultar en sanciones adicionales o medidas coercitivas si las preocupaciones regulatorias no se abordan de manera adecuada y oportuna.
