António Guterres ha colocado a la inteligencia artificial en un lugar incómodo: fuera de la nube y dentro de la factura ambiental. El secretario general de Naciones Unidas lanzó el 23 de junio de 2026, durante la London Climate Action Week, la AI Environmental Transparency Initiative, una propuesta dirigida a las grandes empresas del sector para que midan y publiquen la huella completa de sus sistemas: carbono, agua y suelo. También les pidió que todos sus centros de datos funcionen con energías renovables antes de 2030.
El gesto tiene algo de cambio de época. Durante años, la conversación pública sobre la IA se ha movido entre promesas —curar enfermedades, mejorar la educación, acelerar la investigación— y temores más visibles, como el empleo, la desinformación o la vigilancia. La alerta de la ONU desplaza el foco hacia algo menos abstracto: los edificios, las redes eléctricas, los sistemas de refrigeración, los minerales críticos y los residuos electrónicos que sostienen las respuestas instantáneas de los modelos. La IA, vino a decir Guterres, no es solo software. También ocupa territorio, consume electricidad y necesita agua.
El lanzamiento llega después de un informe de la Universidad de Naciones Unidas, publicado el 3 de junio de 2026 por el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud (UNU-INWEH), que trata de medir lo que suele quedar fuera de plano. Según esa investigación, los centros de datos consumieron unos 448 TWh de electricidad en 2025 y podrían llegar a 945 TWh en 2030. La misma proyección estima para ese año una huella hídrica asociada de 9,3 billones de litros y una huella territorial superior a 14.500 km². Son cifras difíciles de imaginar, y precisamente por eso la ONU las tradujo a comparaciones más crudas: para 2030, esos centros podrían usar más electricidad que todos los países del mundo salvo cinco y agua equivalente a las necesidades domésticas básicas anuales de 1.300 millones de personas del África subsahariana.
La ONU no pide apagar la inteligencia artificial, sino encender las luces alrededor de sus costes: carbono, agua, suelo y residuos.
La iniciativa no es una prohibición ni, de momento, una norma vinculante. Es una llamada política a la transparencia. Guterres pidió que las compañías revelen públicamente el impacto ambiental de sus sistemas y que dejen de trasladar la carga a comunidades que, a menudo, no son las principales beneficiarias de la tecnología. El matiz es importante: no basta con decir que un centro de datos usa energía “limpia”. El informe advierte que una electricidad baja en carbono no siempre es baja en agua o en ocupación de suelo. Una decisión que parece verde en una columna puede abrir un problema en otra.
El punto más incómodo es que el coste de la IA ya no se concentra solo en el entrenamiento de modelos gigantes. Una vez desplegados, los sistemas responden millones de veces al día. Esa fase, conocida como inferencia, puede representar entre el 80% y el 90% del gasto energético total de la IA, según la investigación citada por la ONU. Cambian mucho los consumos según la tarea: no pesa lo mismo clasificar texto que mantener una conversación, generar imágenes o producir vídeos. Y, como suele pasar con la tecnología, las mejoras de eficiencia podrían estimular más uso en lugar de reducir el consumo total.
El problema ya no es solo entrenar grandes modelos: millones de respuestas, imágenes y vídeos diarios pueden convertir la eficiencia en más consumo.
Hay señales locales que explican por qué Naciones Unidas eleva el tono. En Irlanda, los centros de datos llegaron a representar el 21% de la electricidad medida en 2023, por encima del consumo de todos los hogares urbanos, y el operador de red pausó nuevas aprobaciones en el área de Dublín hasta 2028. En Querétaro, México, el crecimiento de infraestructura computacional coincide con presiones sobre el agua en un contexto de sequías prolongadas. En Uruguay, un proyecto de centro de datos intensivo en agua apareció en el debate público tras la sequía de 2023 que dejó a Montevideo con reservas de agua dulce al límite. No son postales tecnológicas: son conflictos de planificación.
La alerta llega, además, en un momento en que la capacidad de cómputo especializada sigue muy concentrada. El informe de UNU-INWEH sostiene que solo 32 países alojan centros de datos especializados en IA y que más del 90% de esa capacidad se concentra en dos países, mientras más de 150 apenas tienen o no tienen infraestructura soberana de cómputo. Esa asimetría le da a la noticia una segunda lectura: no se trata solo de cuánto contamina la IA, sino de quién recibe sus beneficios y quién soporta sus costes materiales. Ahí está la razón de fondo del mensaje de la ONU: sin datos comparables, la promesa de una IA útil para el clima podría acabar construida sobre una contabilidad incompleta.
