Venezuela sufrió el 24 de junio de 2026 una de esas secuencias sísmicas que cambian el mapa emocional y material de un país en menos de un minuto. Poco después de las 18:00, dos terremotos de gran magnitud golpearon el norte del territorio: primero un seísmo de magnitud 7,2 y, apenas 39 segundos después, otro de magnitud 7,5. El segundo temblor, más superficial y más energético, tuvo su zona de mayor impacto cerca del corredor Morón–Yumare, al oeste de Caracas, y extendió sus daños hacia La Guaira, la capital y varios estados de la franja costera.
El primer dato que explica la magnitud del golpe es precisamente esa cercanía temporal. No se trató de un temblor fuerte seguido por réplicas menores, sino de una secuencia doble, con dos rupturas grandes y diferenciadas. Expertos consultados por Science Media Centre han descrito el fenómeno como un “doblete”: dos terremotos de magnitud comparable, probablemente vinculados por transferencia de esfuerzos entre fallas cercanas. El sistema de fallas Boconó–Morón–El Pilar, que marca parte del contacto entre las placas del Caribe y Suramericana, ya era conocido como una zona capaz de producir seísmos relevantes. Eso no significa que el terremoto pudiera predecirse; significa, más bien, que la amenaza existía sobre un territorio densamente habitado y con muchas construcciones vulnerables.
En menos de un minuto, Venezuela pasó de una noche festiva a una emergencia nacional con edificios caídos, hospitales saturados y familias buscando a los suyos entre los escombros.
La sacudida llegó durante una jornada festiva, cuando muchas familias estaban en casa. En Caracas, varios edificios se agrietaron o colapsaron, el metro y el sistema ferroviario fueron suspendidos y el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, cerró tras sufrir daños. En La Guaira, el golpe fue más brutal. La entidad costera, pegada a la capital y marcada todavía por la memoria de la tragedia de Vargas de 1999, volvió a convertirse en una zona de rescate, polvo y listas de desaparecidos. Reuters recogió testimonios de vecinos que salieron corriendo de edificios que se movían o caían; cerca de Morón, algunas casas quedaron reducidas a estructuras abiertas, sin agua ni electricidad.
Las primeras cifras oficiales fueron, como suele ocurrir en grandes catástrofes, provisionales y muy inferiores al balance que empezó a emerger después. El 25 de junio se hablaba de decenas de muertos; horas más tarde, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó de alrededor de 235 fallecidos recibidos en centros médicos y más de 4.300 heridos. A partir de ahí, la curva fue subiendo conforme los equipos de rescate entraron en zonas más dañadas y se cruzaron registros hospitalarios, censos improvisados en refugios y reportes familiares.
El daño no se limitó a viviendas. Reuters informó de hospitales dañados, de la sede de la Cruz Roja Venezolana afectada y de edificios públicos con fallos importantes. La Federación Internacional de la Cruz Roja confirmó que la propia Cruz Roja Venezolana sufrió daños en su sede nacional y que algunos de sus voluntarios también perdieron sus casas, mientras seguían participando en búsqueda, primeros auxilios, apoyo psicológico y restablecimiento de vínculos familiares.
En Catia La Mar, La Guaira y otras zonas costeras, la escena empezó a parecerse menos a una emergencia de horas y más a una crisis humanitaria de semanas. UNICEF estimó que 1,8 millones de personas, entre ellas 680.000 niños, necesitan asistencia humanitaria. En el Distrito Capital, la agencia señaló daños preliminares en 432 escuelas, más de un tercio del total del distrito, y advirtió de hospitales operando por encima de su capacidad, problemas de acceso a agua segura y edificios todavía en riesgo de colapso.
La emergencia dejó de medirse solo en magnitudes sísmicas: el nuevo conteo hablaba de agua, quirófanos, refugios, niños sin escuela y familias que aún no saben dónde buscar.
El componente sanitario es especialmente delicado. El 2 de julio, médicos citados por Associated Press advertían de un riesgo creciente de infecciones, enfermedades transmitidas por vectores y agravamiento de lesiones no tratadas. No es un temor abstracto. Miles de desplazados duermen en refugios llenos o al aire libre, el calor acelera la descomposición de residuos y escombros, y la falta de agua limpia convierte heridas abiertas y enfermedades crónicas en problemas urgentes. El Hospital del Oeste Dr. José Gregorio Hernández, en Caracas, fue uno de los centros que recibió pacientes con traumas complejos.
El esfuerzo internacional creció con rapidez. La IFRC lanzó un llamamiento de emergencia de 50 millones de francos suizos para asistir a 300.000 personas, con foco inicial en La Guaira y Gran Caracas, y despachó 17 toneladas de ayuda desde Panamá: kits de cocina e higiene, mosquiteras y otros suministros esenciales. UNICEF, por su parte, informó el 30 de junio de la llegada de un cargamento de 47 toneladas con suministros de salud, agua y educación movilizados desde Copenhague. Aun así, las necesidades siguen por delante de los envíos.
El balance ha seguido creciendo conforme los equipos han alcanzado edificios colapsados y se han revisado hospitales, morgues y registros locales. A 7 de julio, el último recuento oficial divulgado por las autoridades el día 6 eleva la cifra a 3.535 muertos y 16.740 heridos. También contabiliza 17.854 personas que han perdido su vivienda. Son datos todavía abiertos: la recuperación de cuerpos continúa y no existe una estadística oficial consolidada de desaparecidos. Una plataforma organizada por la oposición había recibido más de 30.000 avisos, pero esos registros pueden contener duplicados o casos aún sin comprobar y no deben confundirse con un censo confirmado.
La búsqueda de supervivientes entra ahora en una fase límite. Varias brigadas internacionales han comenzado a retirarse al considerar cada vez más improbable hallar personas con vida después de tantos días, aunque el Gobierno no ha declarado formalmente terminadas las operaciones. Todavía permanecen equipos de rescate en algunas zonas y siguen llegando especialistas médicos y de ingeniería. Al mismo tiempo, familiares y voluntarios denuncian que en ciertos derrumbes faltan grúas y maquinaria pesada. En La Guaira, algunas familias han cavado con picos, palas e incluso con las manos, o han intentado reunir dinero para alquilar equipos privados.
El cambio de prioridades se ve en el terreno. La atención ya no se concentra solo en sacar personas de los escombros, sino en identificar cadáveres, gestionar morgues desbordadas y dar sepultura a las víctimas. En el puerto de La Guaira se habilitaron espacios forenses improvisados y contenedores refrigerados. El 6 de julio, maquinaria pesada abrió zanjas en el cementerio La Esperanza mientras llegaban ataúdes; algunas sepulturas estaban identificadas con nombres y otras únicamente con números. La imagen resume una parte incómoda de la emergencia: muchas familias siguen buscando a sus muertos cuando la administración ya habla de reconstrucción.
La magnitud de la limpieza también da una idea de lo que queda por delante. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que solo en las zonas más afectadas de La Guaira hay alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros. Retirarlos exigirá meses de trabajo y no será una tarea puramente logística. Cada edificio debe revisarse por riesgo de nuevos colapsos, cada montón puede contener restos humanos y una retirada precipitada podría destruir pruebas necesarias para identificar víctimas o aclarar por qué fallaron determinadas estructuras.
Trece días después del terremoto, la emergencia se mide en 80 refugios, casi 18.000 personas sin casa y montañas de hormigón bajo las que todavía se buscan familiares.
Al menos 12.800 desplazados permanecen alojados en 80 refugios de Caracas y La Guaira. El hacinamiento, la ventilación limitada, los cortes de agua potable y los problemas para gestionar alimentos y residuos han abierto un segundo frente. Las autoridades sanitarias vigilan infecciones respiratorias, diarreas, afecciones cutáneas, heridas infectadas y dengue, además de enfermedades prevenibles mediante vacunación como el tétanos, el sarampión, la difteria, la tosferina o la poliomielitis. Se estudian campañas de vacunación dirigidas a los albergues, según el nivel de riesgo y las existencias disponibles.
Los hospitales también trabajan con una presión prolongada. La fase aguda dejó miles de traumatismos, cirugías pendientes y pacientes trasladados desde centros dañados. Ahora se añaden las curas de heridas, la atención a enfermedades crónicas interrumpidas y el impacto psicológico de quienes han perdido familiares, vivienda y documentos. La falta de agua segura y saneamiento puede convertir problemas menores en brotes, de modo que la respuesta sanitaria dependerá tanto de medicamentos y personal como de reparar tuberías, retirar basura y descongestionar los refugios.
La ayuda internacional continúa, pero la operación está cambiando de forma. Tras el despliegue inicial de rescatistas y cargamentos de emergencia, las agencias concentran más recursos en alojamiento, agua, saneamiento, salud y protección infantil. La Organización Panamericana de la Salud ha pedido 24 millones de dólares para apoyar durante los próximos meses a unas 700.000 personas en los municipios más castigados. Naciones Unidas mantiene la coordinación con las autoridades venezolanas y ha señalado que, mientras algunos equipos de búsqueda siguen desplegados, otros grupos especializados en ingeniería y asistencia médica continúan incorporándose.
El Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez sostiene que respondió desde las primeras horas y ha anunciado una unidad militar para futuras emergencias, además de un programa de reconstrucción denominado Venezuela Renace. Esa versión choca con los testimonios de residentes que describen una llegada tardía de maquinaria y personal a varios barrios. Las críticas se han intensificado por el derrumbe de bloques residenciales, incluidos complejos de vivienda pública, y por antiguas denuncias sobre la calidad de algunas construcciones. Determinar responsabilidades requerirá peritajes independientes; por ahora, atribuir cada colapso a una sola causa sería prematuro.
