España ha experimentado avances en materia de empleo, temporalidad laboral y lucha contra la pobreza, según el informe de la Comisión Europea sobre la convergencia social en la Unión Europea.
No obstante, el país se enfrenta a desafíos significativos relacionados con la exclusión social y el acceso a la vivienda.
En el ámbito laboral, el informe destaca que la tasa de empleo en España, si bien ha mejorado vinculada a la reforma laboral de 2021, sigue siendo relativamente baja en comparación con otros países europeos. Además, persisten elevadas tasas de desempleo y desempleo de larga duración.
Los colectivos más afectados por dificultades para integrarse en el mercado laboral son los jóvenes, las mujeres de más edad y las personas con cualificaciones medias.
El número de jóvenes que ni estudia ni trabaja, denominados «ninis», sigue siendo superior a la media de la Unión Europea, aunque ha disminuido en los últimos años.
A pesar de los avances recientes en los salarios reales y la reducción de las desigualdades de renta, la renta familiar bruta disponible aún no ha recuperado el nivel previo a la pandemia de COVID-19.
En 2022, los salarios nominales aumentaron un 4,1%, pero los salarios reales disminuyeron un 3,6% debido a la elevada inflación, lo que provocó una caída en la renta familiar bruta disponible per cápita por debajo del nivel de 2018 y lejos de la media de los 27 países miembros de la Unión Europea.
Sin embargo, Bruselas prevé una evolución positiva de los salarios reales en 2023, con un aumento previsto del 0,5%.
En cuanto a la lucha contra la pobreza y el riesgo de exclusión social, el informe subraya que, si bien la tasa AROPE (indicador de riesgo de pobreza o exclusión social) se ha reducido en 1,8 puntos en 2022, sigue siendo elevada, alcanzando el 26%, por encima de la media europea del 21,6%.
España registró un leve aumento al 26,5% en 2023 en esta tasa, alejándose de la convergencia con la media de la Unión Europea desde 2015.
La pobreza infantil en España también es un tema preocupante, siendo una de las más altas de la Unión Europea.
Tras un aumento entre 2018 y 2021, la tasa AROPE en la infancia disminuyó 0,8 puntos porcentuales en 2022, pero siguió siendo elevada, con un 32,2%, y volvió a subir en 2023.
Esta situación tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo y bienestar de los niños, así como para su futuro acceso al mercado laboral y la integración social.
Otro desafío destacado por Bruselas es el acceso a la vivienda. En 2022, el 9,2% de los hogares en España dedicó más del 40% de sus ingresos al coste de la vivienda, frente al 8,7% en la Unión Europea.
Esta carga financiera excesiva puede limitar el acceso a otros bienes y servicios esenciales. El aumento de los precios de la vivienda dificulta el acceso a una vivienda adecuada para grupos vulnerables como jóvenes o personas en riesgo de pobreza, generando importantes barreras sociales.
Además, el informe señala el escaso parque de vivienda pública en el país, que representa solo el 2,5% frente al 9,3% en el resto de la Unión Europea, lo que limita las opciones asequibles para aquellos con recursos limitados.
Según expertos en políticas sociales, abordar estos desafíos requerirá una combinación de medidas a largo plazo, como inversiones en educación y formación profesional, programas de apoyo a la vivienda asequible y políticas de inclusión laboral enfocadas en los grupos más vulnerables.
