En un esfuerzo por mitigar la alarmante tasa de pobreza infantil en España, organizaciones dedicadas a la protección de la infancia han alzado su voz para exigir la implementación de una ayuda universal a la crianza de menores.
Esta solicitud surge como una medida crucial para abordar las consecuencias devastadoras que la precariedad económica tiene sobre el bienestar de los niños y niñas en el país.
El clamor por una acción contundente proviene de entidades de reconocido prestigio como la Plataforma de Infancia, Save the Children y UNICEF España.
Estas organizaciones han presentado un informe actualizado titulado «Propuesta de reforma fiscal para implantar una ayuda a la crianza», en el cual detallan cuatro escenarios de reforma fiscal encaminados a reducir la pobreza infantil y la desigualdad en España.
En el primer escenario, se plantea una deducción reembolsable, universal y fija de 1.440 euros por cada hijo a cargo menor de 18 años.
Esta medida sustituiría al actual mínimo por descendientes menores de edad y se estima que tendría un coste bruto anual de 11.288 millones de euros, con un coste neto de 8.668 millones.
Se proyecta que esta iniciativa podría reducir la pobreza infantil moderada en 5,4 puntos porcentuales.
El segundo escenario propone una deducción reembolsable universal modulable en función de los ingresos familiares, pudiendo alcanzar una cuantía máxima de 2.600 euros para las familias con rentas más bajas.
Esta opción beneficiaría especialmente a las familias monoparentales y se estima que podría disminuir la pobreza infantil moderada en casi tres puntos porcentuales, con un coste bruto estimado de 5.801 millones de euros.
En el tercer escenario, se sugiere que la deducción reembolsable de 1.440 euros por hijo a cargo se aplique exclusivamente a familias por debajo del umbral de la pobreza correspondiente.
Esta propuesta traería un descenso de 3,1 puntos porcentuales en la pobreza infantil moderada, con un coste estimado de 5.755 millones de euros.
Finalmente, el cuarto escenario plantea que la deducción reembolsable se centre en los hogares por debajo del umbral de la pobreza, pero que su cuantía se calcule en función de la diferencia entre la renta y ese umbral.
Esta medida podría erradicar la pobreza infantil al destinar mayores ayudas a los hogares más vulnerables, con un coste estimado de 7.487 millones de euros.
Según Gabriel González-Bueno, especialista en Políticas de Infancia de UNICEF España, la mayoría de los escenarios que analizaron tienen como objetivo llegar a todos los niños y niñas, especialmente los de familias más vulnerables, la apuesta sería por el primero de ellos.
Además, González-Bueno enfatiza la necesidad de que la reforma fiscal vaya acompañada de la universalidad de la declaración de la renta para garantizar que todos los hogares puedan acceder a estas ayudas.
Por su parte, Carmela del Moral, responsable de Incidencia Política de Save the Children, destaca que, a pesar de los avances recientes, España sigue lejos de la media europea en la inversión en prestaciones para la infancia.
Del Moral subraya que España es uno de los pocos países europeos que no cuenta con una prestación universal para todos los niños, quienes sufren las consecuencias del alza de los precios.
«Es preciso combinar mejoras en medidas focalizadas en los hogares más vulnerables con el apoyo económico a millones de hogares con niñas y niños», agrega.
Las cifras revelan una realidad alarmante: España presenta la tasa de pobreza infantil más alta de la Unión Europea (28,9%), y el 13,7% de los niños y adolescentes (más de un millón) se encuentra bajo el umbral de la pobreza severa.
Además, la tasa de carencia social y material en la infancia, que conlleva dificultades para acceder a bienes y servicios fundamentales, alcanzó el 12,3%.
A pesar de estos datos preocupantes, España invierte en transferencias familiares sólo un tercio de lo que hace la media de la Unión Europea (0,5% del PIB frente al 1,5% de la media europea).
Las organizaciones denuncian que el sistema de apoyo a la crianza presenta un sistema de prestaciones «muy focalizadas», cuyo alcance es limitado, y que España es una «anomalía en el contexto europeo» al ser uno de los pocos países que no cuenta con una prestación universal a la crianza.
En respuesta a esta situación crítica, las entidades reclaman la importancia de aprobar «cuanto antes» el anteproyecto de Ley de Familias, el cual proporcionaría un soporte legislativo para la implementación de medidas ambiciosas de apoyo económico a millones de hogares con niñas y niños.
