El Parlamento Europeo dio un paso significativo al aprobar nuevas normativas que impondrán a las empresas y sus socios en la cadena de suministro la responsabilidad de evitar, reducir o poner fin a su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
Esta directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD) se aprobó con un amplio margen de votos a favor, marcando un hito en la regulación empresarial europea.
La directiva, respaldada por 374 votos a favor, 235 en contra y 19 abstenciones, establece que las empresas con más de 1.000 empleados y una facturación global superior a 450 millones de euros, así como aquellas con acuerdos de franquicia o licencia en la UE con ingresos significativos, deben integrar la diligencia debida en sus operaciones.
Además, se aplicará a las empresas extranjeras que alcancen ciertos umbrales de facturación en la UE, extendiendo la regulación más allá de las fronteras de la Unión Europea.
La CSDDD aborda una amplia gama de problemas, incluida la esclavitud moderna, el trabajo infantil, la explotación laboral, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la destrucción del patrimonio natural.
Las empresas ahora serán responsables de garantizar que sus actividades y las de sus socios en toda la cadena de suministro no contribuyan a estos problemas.
Se espera que estas empresas implementen medidas específicas para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y las normas medioambientales en toda su cadena de suministro. Esto incluye inversiones en tecnologías sostenibles y acuerdos contractuales con proveedores para garantizar condiciones laborales justas.
Así como también el desarrollo de planes de negocio sostenibles que minimicen el impacto ambiental.
Las empresas también serán responsables del incumplimiento de sus proveedores, lo que refuerza la rendición de cuentas en toda la cadena de suministro y fomenta la transparencia en las prácticas empresariales.
Las nuevas normas contemplan sanciones significativas para los infractores, incluida la publicidad de los incumplimientos y multas económicas que podrían llegar al 5% de la facturación neta mundial en los casos más graves.
Igualmente, se establece que las empresas serán responsables de indemnizar por daños y perjuicios causados por el incumplimiento de sus proveedores, lo que busca compensar a las víctimas de prácticas empresariales irresponsables.
La implementación de estas normativas se realizará de manera gradual, con plazos establecidos para diferentes tamaños de empresas y umbrales de facturación.
Se espera que los Estados miembros incorporen estas disposiciones en su legislación nacional en los próximos dos años, marcando un nuevo estándar en la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad en Europa.
En particular, a partir de 2027, se aplicará a las empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocio mundial superior a 1.500 millones de euros.
A partir de 2028, a empresas con más de 3.000 empleados y 900 millones de facturación y, a partir de 2029, para el resto de empresas, incluidas aquellas con más de 1.000 empleados y un volumen mundial de negocios superior a 450 millones de euros.
Estos umbrales suponen una rebaja respecto a la ambición inicial del texto, que englobaba a compañías europeas con más de 500 empleados y una facturación mundial neta de más de 150 millones de euros y a aquellas con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones si al menos la mitad procedía de sectores específicos.
Así lo recogía el acuerdo alcanzado en diciembre por el Consejo y el Parlamento, después de que un total de 14 países, entre ellos Alemania, Francia o Italia, expresaran reparos sobre el texto, por lo que se decidió limitar el ámbito de aplicación de la directiva para que afectase a menos empresas.
Esta directiva marca un punto de inflexión en la regulación empresarial europea, elevando el listón en términos de responsabilidad corporativa y sostenibilidad.
Con medidas claras y sanciones significativas para los infractores, se espera que fomente prácticas comerciales más éticas y sostenibles en toda la Unión Europea y más allá.
