Hanga Roa (Isla de Pascua), 9 de septiembre de 1888.— Aquel día, en una ceremonia realizada en Rapa Nui, el marino chileno Policarpo Toro tomó posesión de la isla en nombre del Estado de Chile. El ariki (rey) Atamu Tekena y un consejo de jefes firmaron el acta. Ese documento —que algunos llaman Acta de Proclamación y otros de Cesión— dio inicio a la soberanía chilena en el territorio. Los manuscritos originales están preservados por la Biblioteca Nacional de Chile.
El acta sobrevive en versión multilingüe: español, francés y un texto en rapanui con influencias del tahitiano. Es una de las piezas más citadas cuando se habla del acuerdo de 1888, aunque no necesariamente la más clara. La transcripción en español deja constancia de la cesión de soberanía al gobierno chileno. Pero aquí viene lo interesante: la literatura especializada señala que el texto rapanui podría interpretarse más bien como un «acuerdo de voluntades», un matiz que no es poca cosa. Esa diferencia ha alimentado discusiones sobre qué fue exactamente lo que se cedió aquel día, especialmente en lo que respecta a las tierras.
¿Cómo se llegó a esto? Durante los años previos, Toro había gestionado ante socios europeos, la Iglesia y los propios isleños los pasos para el traspaso. Finalmente regresó al mando de la corbeta Angamos y formalizó la toma de posesión ese 9 de septiembre de 1888. La imagen de la bandera chilena izada en la isla quedó instalada en la memoria estatal y en las colecciones patrimoniales como un hito de la expansión chilena en el Pacífico.
Las consecuencias no tardaron en llegar. En los años siguientes, el Estado chileno arrendó Rapa Nui a una empresa privada que transformó gran parte del territorio en una estancia ovejera. La población rapanui quedó confinada a espacios reducidos y su economía terminó subordinada al régimen ganadero. Este giro —tanto productivo como administrativo, documentado por Memoria Chilena— explica buena parte de la tensión social que acompañó a la isla hasta bien entrado el siglo XX.
A más de un siglo de distancia, el acto de 1888 sigue siendo un pilar documental, sí, pero también un campo de debate jurídico-histórico bastante vivo. Por un lado, sirve como prueba fundacional de la soberanía chilena; por otro, la coexistencia de esas versiones —y lo que cada una dice, o parece decir—, ha generado interpretaciones distintas dentro del mundo académico y de las organizaciones rapanui sobre el alcance real del compromiso que firmaron Atamu Tekena y los jefes.
Esa doble lectura forma parte del contexto histórico necesario para entender el presente de la isla: una sociedad que ha logrado preservar su lengua y cultura, y que, al mismo tiempo, dialoga con el Estado chileno sobre autonomía, tierras y patrimonio a partir de un documento fechado aquel 9 de septiembre de 1888.
